La protección jurídica de la comunidad educativa

Me retaba el otro día un amigo y colega, abogado:

-Oye, José: Llevas más de 160 entradas en tu blog. Hablas mucho de valores, de educación ¿Para cuándo un post en el que, sin olvidarte de esta, abordes la misma con ojos de jurista?

-Ya sabes, Ignacio: En casa del herrero, cuchillo de palo…’.

La cuestión es que mi buen amigo logró que me picase el gusanillo…

A lo largo de mi trayectoria vital y profesional, me ha tocado vivir a fondo “la educación”. Y, desde mi formación en Derecho, nunca he obviado la perspectiva jurídica.

En el ámbito educativo confluyen muchos actores: los alumnos y sus familias; el profesorado, los equipos directivos y demás profesionales de los centros; las administraciones públicas; y otras personas o entidades (por ejemplo, las empresas en las que nuestros estudiantes de FP hacen sus prácticas).

Se dice, no sin razón, que educa -y también enseña- la tribu entera.

Y toda la interacción que se produce entre personas de distintos colectivos, o incluso del mismo, no puede ser ajena a una regulación. Y, por tanto, a posibles discrepancias en cuanto a su cumplimiento, a la satisfacción de los derechos o la asunción de las obligaciones de unos u otros…

Las divergencias, a veces, se convierten en contenciosos en la comunidad educativa -algunas incluso superan la vía administrativa, llegando a la judicial-.

Siempre he creído que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”.Pleitos tengas y los ganes”, dice una maldición destinada al público en general. Como toda regla tiene sus excepciones: ¡nos lo van a decir a los abogados! ¡Pleitos tengas…! ¡y los ganes!

Al grano: que la vida es complicada, también en el entorno escolar o en el educativo. Y para ordenarla (al igual que se hace con el tráfico), hay unas reglas, una normativa, a modo de manual de uso con el que conducirse.

El problema es que el manual es muy amplio (y luego está la letra pequeña…). Y puede ser, por ello, más o menos conocido en su detalle. En cualquier caso, los protagonistas del hecho educativo, con carácter general, no tienen por qué ser juristas. Aunque a todos nos pueda venir muy bien tener uno al lado.

Es esencial evitar patinazos que pueden conllevar responsabilidades personales, profesionales o para la propia entidad. Y que, sobre todo, pueden causar daños o perjuicios de diversa índole a personas concretas.

El ámbito educativo es complejo y delicado en su abordaje jurídico

  • Complejo:
    • En el sector de la enseñanza hay supuestos en que se aplica el Derecho Administrativo; en otros, el Laboral; o el Civil; en algunos, incluso el Fiscal… y, en las peores ocasiones, podemos estar ante cuestiones del ámbito penal. Hasta, desgraciadamente ocurre, hay que recordar a algunos poderes públicos el Derecho Constitucional…
  • Delicado:
    • En la mayoría de los casos, nos encontramos con que los alumnos son menores de edad.
    • En otros, hay estudiantes que cuentan, además, con una discapacidad, o con necesidades educativas especiales, o con otras circunstancias individuales o sociales que les hacen ser sujetos de especial protección.
    • Y, siempre, se está prestando un servicio básico entre personas. Un servicio al que cualquier ciudadano tiene un derecho fundamental (como lo reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y otras diversas leyes y normas de diferente rango).

Los riesgos de un chaval escolarizado y, por tanto, de quien esté en cada momento a su cargo, pueden:

  • Comenzar cuando sube al autobús que le traslada al colegio.
  • Continuar en el ‘servicio despertador’ o de guardería que muchos centros educativos ofrecen a las familias para que estas puedan conciliar, llevando a sus más pequeños al cole antes de la hora de inicio de las clases.
  • Prosiguen, para profesor o estudiantes, mientras se imparte y atiende a la lección o tiene lugar un examen.
  • No escapan al ambiente del patio o al del recinto y edificio escolar (aseos y duchas incluidos).
  • Ni a la relación y tutorías con padres y madres.
  • O a la finalización de las clases y recogida de alumnos.
  • O al bus de vuelta.
  • Por no hablar de actividades extraescolares u otras con (o de) voluntariado, etc.

El acoso escolar, la protección de datos, las crisis familiares…

A nadie se le escapa que vivimos en una sociedad distinta y más compleja a aquella en la que vivieron nuestros padres. ¡Qué, nuestros padres! ¡A la que nosotros mismos vivimos cuando éramos niños o jóvenes!

El acoso escolar, desgraciadamente, no es un fenómeno nuevo. Aunque han surgido nuevas formas y vías para llevarlo a cabo.

Se ha dado una creciente pérdida de autoridad de buena parte del profesorado… y de los propios padres.

Y existen novedosas circunstancias sociales, instrumentales (tecnologías digitales, smartphones…), que exigen una regulación específica.

Por poner un ejemplo: hoy, con un sencillo móvil se puede, técnicamente:

  • Filmar o grabar a un profesor impartiendo una clase o dirigiéndose a un alumno. Y viralizar lo filmado a través de las redes sociales.
  • Fotografiar y difundir imágenes de los propios menores que están en el centro; o de los materiales o contenidos que se utilizan en el aula, incluidos los exámenes.
  • Enviar mensajes o imágenes inaceptables (bullying, grooming, sexting…).
  • Y hasta grabar -con ignorancia y, por tanto, sin consentimiento del docente- una tutoría.

La técnica lo permite todo… O casi. Hoy -en definitiva- hay grandes posibilidades, y también parejos riesgos, si aquellas se utilizan mal: de ahí la necesidad de regular; y de que se cumpla lo regulado. Y nos acabamos de topar con… lo jurídico.

Lo jurídico está presente, por ejemplo:

  • Cuando la asociación de padres pide al colegio un listado completo del alumnado, y sus datos, y los profesionales se plantean si pueden hacérselos llegar o no, de acuerdo con la LOPD.
  • O cuando estos, los profes, se preguntan qué hay que hacer si, acabadas las clases, nadie viene a recoger a un pequeño.
  • O si alguien desea conocer qué responsabilidades asume el monitor del autobús en el itinerario y entrega del menor.
  • O qué ocurre si sus alumnos/hijos están haciendo voluntariado en una residencia de ancianos y se produce un accidente; quién asume las posibles responsabilidades.
  • O cuando alguien quiere saber cómo actuar, y por parte de quién -y qué consecuencias habría de afrontar-, cuando hay que administrar, en horario escolar o de comedor, una medicación pautada a un alumno y se produce un accidente o una incidencia relevante.
  • O qué hacer cuando unos padres se niegan a que a su hijo se le pasen unas pruebas psicopedagógicas.
  • O cómo abordar posibles planteamientos contradictorios que, en determinadas materias educativas, pueden suscitar los padres divorciados de un concreto alumno.
  • O cómo intervenir, y ante quién, cuando se intuye una posible situación de aislamiento de un alumno; o de abuso o violencia psíquica, verbal o física. O cualquier otro posible caso que afecte a su intimidad física, psíquica y moral.
  • Sin olvidar las actuaciones cuando la víctima es el profesorado…

Como ves, he dejado para el final algunas de las más graves y lacerantes situaciones que puede sufrir un ser humano. Peor, si cabe, si este es un menor, débil, indefenso, carente de recursos propios… Es el caso, también, de quienes cuentan con una discapacidad.

Todas estas cuestiones y otras más (la realidad es mucho más compleja y cruda que lo que cabe describir en un post) pueden darse -se dan- en nuestra sociedad “civilizada”. Y, a veces también, desgraciadamente, en el ámbito educativo o su entorno.

Los profesionales, los equipos directivos, los docentes, los alumnos, sus familias, etc… se topan con ellas, a veces de forma insospechada. Y necesitan herramientas, en primer lugar, preventivas, pero también reactivas.

La primera de tales herramientas es la información y la formación: imprescindible.

En mi experiencia como consejero de Educación, cuando impartíamos charlas de contenido jurídico, hablando por ejemplo de la responsabilidad en que puede incurrirse (civil, administrativa, incluso penal…) por parte de los profesionales de la enseñanza, los salones de actos se llenaban. Siempre.

Los profesores quieren – y saben que necesitan- formarse; también en esto. Como lo precisan, por cierto, los otros colectivos. Para proteger a los demás y para protegerse a uno mismo.

Pero, además de información y formación, debe haber acompañamiento.

Los profesionales, las familias, los alumnos, toda la comunidad educativa, en fin, tiene derecho a él.

Salgan o no en los telediarios, las situaciones que en ocasiones pueden producirse en el ámbito escolar -y que no solo no son educativas, sino que pueden ser nocivas- nos obligan a todos a estar concienciados, formados y alerta. Y a coger el toro por los cuernos cuanto antes.

Cuando policía, fiscales o jueces han de intervenir… (casos de acoso, de abuso de menores, etc) es que se ha ido demasiado lejos. Y eso es fatal para todos. Desde luego, y en primer lugar, para el afectado o perjudicado personalmente y los suyos; pero también para el propio centro. No debemos olvidar que este también es responsable del cumplimiento normativo. Y de que puede jugarse mucho más que su prestigio. De ahí que, cada vez más, los centros educativos (y las familias) se estén interesando por la figura del compliance.

Acabo ya. Pero, Ignacio, déjame que lo haga en positivo, con esperanza: porque es de justicia y porque es verdad

Frente a las dificultades, frente a las diversas y potenciales amenazas o riesgos, frente a tal complejidad social, los profesionales de los colegios educan, y educan muy bien, a nuestros chavales (en lo que les compete: las familias, tenemos, también, una tarea principal).

Su trabajo, el docente, es muy valioso y nada fácil. Y no siempre está debidamente considerado: desgasta; les hace entregarse; dar lo mejor de sí: es pura vocación de servicio.

Y esta labor, la de maestros y profesores, posibilita que contemos con generaciones de chicos competentes, preparados, responsables, y razonablemente felices; que no es poco.

Aunque, en ocasiones, nos fijemos más en un hecho puntual que no nos gusta que en el conjunto de una trayectoria impecable.

Ya se sabe que -ocurre siempre- mete más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.

¡Gracias, profes!

 

4 comentarios en “La protección jurídica de la comunidad educativa

  1. Hola José:
    Soy Coro Lucea. Durante mi experiencia docente me ha tocado convivir con algún desagradable incidente que otro, de distinta índole y que han afectado a profesores, PAS, alumnos y/o padres. Algunas agresiones incluidas.
    Hace una semana, en un claustro informativo, pregunté a un inspector de educación sobre los protocolos de actuación ante las denuncias a un docente. Me preocupé por dos cuestiones:
    1. Si cuando se valoran los indicios para decidir si se incoa o no un expediente se debe hablar, de acuerdo al procedimiento, con el profesor acusado.
    2. Si una vez abierto el expediente, el departamento asigna un letrado para asesorar al docente.
    Las dos respuestas, con sendos circunloquios, fueron que no.
    NOS QUEDA MUCHO POR HACER.

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    • Hola, Coro:
      Seguro que queda, en esta sociedad tan compleja como la que vivimos, mucho por avanzar.
      Si se trata de hacerlo desde el punto de vista legislativo, a través de la aprobación, por la mayoría parlamentaria correspondiente, de aquello que proceda. Y, en otros casos, por otras vías normativas o de estructuras o servicios.
      Cuando me correspondió desempeñar la responsabilidad de consejero de Educación, una de mis primeras preocupaciones fue la de crear en el Departamento un Servicio de Participación Educativa y Atención al Profesorado (desconozco si este se ha mantenido o no), en un empeño claro de proteger la figura del profesor de muchas de las cafa vez más complejas situaciones que se le presentan en su labor cotidiana y de atenderlo debidamente.
      En todo caso, sin entrar a discutir ningún expediente concreto (que no conozco ni me corresponde conocer), si se decide incoar un expediente hay cuestiones que, entiendo, son esenciales: En primer lugar el principio de “contradicción” y, por tanto, de audiencia, no sólo al ‘acusador’ (este ya es escuchado con la denuncia que plantea), sino asimismo el de audiencia al acusado (a quien hay que trasladarle de qué hechos se le acusa) para que pueda alegar lo que a su defensa convenga.
      La información sobre los derechos de los distintos miembros de la comunidad educativa (y entre estos, cómo no, los del profesorado) fue, asimismo, una línea de trabajo clara (tienes aún -al menos hasta hace poco estaba- un listado de más de un centenar de “consultas más frecuentes” en materia jurídica, en la web) sin perjuicio de las que, además, pudiera ofrecer, con carácter puntual, la secretaria general técnica del Departamento, que atendía conforme a Derecho a cuantos docentes le realizaban planteamientos.
      No creo que proceda (y tú no lo has hecho aquí) abordar expedientes concretos, por no ser el foro adecuado.
      En cualquier caso, si deseas profundizar en alguna cuestión (aunque cesé en el Departamento en julio de 2015) me tienes -ya no como político, pues no lo soy- pero sí como persona (conocedor del Derecho, por formación) a tu disposición para escuchar tus planteamientos y orientarte acerca de qué cauces utilizar.
      Entre todos, hemos de ayudar a alcanzar todo aquello que quede pendiente o a perfeccionarlo. Es nuestra responsabilidad, siquiera sea ya como ciudadanos.
      Un saludo cordial

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      • Gracias José. Me consta, en primera persona, tu disposición, tu entrega y tu saber hacer.
        Todos estos temas son delicados y llenos de matices, y cómo explicas en tu artículo, la casuística se hace cada vez mayor.
        Solamente quería aportar esa necesidad de trabajar sobre los procesos para que sean constructivos y se obtengan conclusiones acertadas.
        Como sociedad, estamos empezando a quejarnos, pero resolvemos atolondradamente. No tenemos caminos constructivos para solucionar estos conflictos en la comunidad educativa; conflictos que no son delitos, o sí, pero no son enormes. Y sin embargo, nos destrozan a todos.
        Yo estoy dispuesta a aportar lo que mi experiencia me va descubriendo, y a hacer una escuela mejor, integradora, que admita errores entre sus miembros y los corrija. Pero qué no destruya personas en el proceso.
        Un saludo y siempre gracias. Coro Lucea

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